Los senadores republicanos han publicado una nueva versión del proyecto de ley que regula el mercado de activos digitales en Estados Unidos, y esta Clarity Act actualización llega apenas horas después de una serie de reuniones con la industria y con la Casa Blanca. No se trata de un simple retoque cosmético: el texto incorpora cambios reales en el apartado ético, mientras que otras secciones —las que ya habían sido debatidas en comité— permanecen prácticamente intactas.
Entender qué está cerrado y qué sigue abierto es clave para valorar cuánto camino le queda a esta norma antes de una votación.
Qué trae de nuevo esta Clarity Act actualización
El punto que más movimiento ha generado es el llamado paquete ético, negociado directamente entre la Casa Blanca y los senadores Lummis y Moreno. Es la parte que estaba bloqueando el avance del texto y, según las fuentes que han seguido el proceso, es también la que tiene más probabilidades de sufrir ajustes antes de llegar a una votación formal.
El resto de bloques —certeza regulatoria para blockchain, rendimientos en stablecoins, refuerzo de las fuerzas del orden y protección en caso de quiebra— no presenta cambios sustanciales respecto a las versiones ya aprobadas por los comités bancario y agrícola. Esa distinción importa: no toda la ley está «en el aire», solo una parte concreta.
El paquete ético: la pieza que todavía se está cerrando
El nuevo texto prohíbe al presidente, al vicepresidente, a congresistas, a jueces federales y a otros altos funcionarios —así como a sus cónyuges— emitir o patrocinar activos digitales a cambio de dinero mientras ocupen el cargo. Esta restricción se extendería hasta el 20 de enero de 2029.
Además, obliga a estos funcionarios a vender sus criptomonedas o a depositarlas en un fideicomiso ciego que no controlen directamente. El Departamento de Justicia asumiría la potestad de sancionar incumplimientos, incluyendo la posibilidad de actuar contra plataformas que permitan la operativa con tokens prohibidos. También se contempla la obligación de declarar ventas de criptoactivos superiores a 1.000 dólares.
Este último punto es precisamente el que genera más fricción entre partidos. Los demócratas no han tenido acceso al texto completo y han mostrado reservas sobre que sea únicamente el Departamento de Justicia quien gestione las sanciones. Es razonable esperar negociaciones adicionales en los próximos días antes de que esta sección quede definitivamente cerrada.
Lo que no ha cambiado: las cuatro secciones ya consolidadas
Certeza regulatoria para blockchain (BRCA)
La Ley de Certeza Regulatoria para Blockchain mantiene el mismo enfoque que ya había sido aprobado por el comité bancario. Su función es aclarar que los desarrolladores de software que no custodian fondos de terceros, así como los proveedores de infraestructura de blockchain, no deben ser tratados como transmisores de dinero por el simple hecho de crear o mantener redes descentralizadas.
Esto no implica una vía libre generalizada: se conserva la responsabilidad penal para quien facilite conscientemente transacciones ilegales. También permanece intacta la denominada «ley manten tus criptomonedas», que protege el derecho de cualquier persona a custodiar sus propios activos digitales en una wallet fría, sin intermediarios.
Rendimientos en stablecoins: distinción entre interés y recompensa
En materia de stablecoins, el texto conserva la prohibición de que las empresas paguen intereses sobre saldos inactivos utilizados como medio de pago. Sin embargo, sí se permiten recompensas vinculadas a actividad real, como transacciones o staking, siempre que no operen como un sustituto encubierto de un interés bancario tradicional.
La diferencia es sutil pero relevante para cualquiera que siga de cerca la evolución regulatoria del sector: la norma no busca eliminar los incentivos, sino evitar que las stablecoins funcionen como productos de ahorro remunerado al margen de la banca tradicional.
Refuerzo a las fuerzas del orden
Se incorpora una sección específica orientada a dotar de más recursos a las investigaciones sobre criptoactivos a nivel estatal y local, incluyendo herramientas de análisis de blockchain y programas de formación para policías y fiscales.
También se contempla la creación de un centro dedicado a combatir amenazas procedentes de actores estatales, un punto especialmente sensible dado el contexto geopolítico actual. Se suma un grupo de trabajo conjunto entre sector público y privado contra el fraude, y una obligación para los emisores de stablecoins de cumplir órdenes judiciales de congelar, incautar, quemar o remitir tokens cuando así se les requiera.
Protección de activos en caso de quiebra
El quinto bloque establece reglas claras para proteger a los clientes de una plataforma o custodio en caso de insolvencia: sus activos digitales quedarían excluidos de la masa de la quiebra, otorgándoles un tratamiento similar al de los activos financieros tradicionales.
El objetivo declarado es evitar situaciones como las vividas tras el colapso de FTX, donde miles de usuarios vieron sus fondos atrapados en procesos judiciales prolongados.
Por qué esta distinción importa más que el titular
Cuando se sigue el proceso legislativo de una norma de este calibre, es habitual centrarse en el hecho de que «se ha publicado un nuevo borrador» sin matizar cuánto de ese borrador es realmente nuevo. En este caso, cuatro de cinco bloques ya estaban prácticamente cerrados desde su paso por comité. El verdadero movimiento se concentra en el apartado ético, que es también el que enfrenta más resistencia entre demócratas.
Esto tiene una lectura práctica: aunque el texto se presenta como completo, es razonable esperar que sufra ajustes puntuales antes de una votación, sin que ello implique una reescritura profunda del conjunto. Tratar cada actualización como si reiniciara todo el proceso desde cero puede generar una sensación de incertidumbre mayor de la que realmente existe.
Qué falta por conocerse
A día de hoy no existe una fecha oficial de votación. El calendario dependerá en buena medida de si republicanos y demócratas logran acercar posturas sobre el mecanismo de sanciones del paquete ético. Mientras tanto, el hecho de que el borrador se haya publicado pese a las reservas demócratas sugiere que ambas partes prefieren seguir negociando sobre un texto avanzado antes que bloquear el proceso por completo.
Preguntas frecuentes sobre la Clarity Act actualización
¿La Clarity Act ya es ley?
No. Lo que se ha publicado es un borrador actualizado, no una ley aprobada. Todavía debe superar una votación y, posiblemente, negociaciones adicionales sobre el apartado ético.
¿Qué parte del texto es más probable que cambie?
El paquete ético, en concreto el mecanismo de declaración de ventas superiores a 1.000 dólares y la potestad exclusiva del Departamento de Justicia para sancionar incumplimientos.
¿Afecta esta actualización a quienes guardan sus criptomonedas en una wallet propia?
No. La protección del autocustodio se mantiene sin cambios respecto a versiones anteriores del texto.
Conclusión
Esta nueva versión de la ley no representa un cambio de rumbo, sino un ajuste puntual sobre la pieza que más dividía a ambos partidos. Con esta Clarity Act actualización, cuatro de los cinco bloques del texto quedan prácticamente definidos, mientras que el componente ético sigue siendo terreno de negociación activa. Seguir la evolución de este punto concreto, más que el titular genérico de «nuevo borrador publicado», es lo que realmente permitirá anticipar los tiempos de una eventual votación.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión. El proceso legislativo descrito puede sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Invertir en criptomonedas y en mercados financieros implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Realiza siempre tu propia investigación antes de tomar decisiones.
