Cuando se habla de regulación cripto, casi todas las miradas se dirigen a Washington. Pero existe una institución mucho menos mediática, con sede en Suiza, cuyas directrices condicionan a todos los bancos centrales y comerciales del planeta: el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).
A través de su Comité de Basilea, este organismo lleva años definiendo cómo debe tratar la banca tradicional a las criptomonedas en sus balances, y sus decisiones pueden tener más peso real sobre la adopción institucional que cualquier ley aprobada por el Congreso estadounidense.
Qué es el Banco de Pagos Internacionales y por qué importa para las criptomonedas
El Banco de Pagos Internacionales actúa como una especie de banco central de los bancos centrales. No legisla mediante votación pública ni depende de procesos electorales: emite estándares que los supervisores bancarios de todo el mundo adoptan como referencia. Cuando el Comité de Basilea fija una norma, los bancos comerciales y los bancos centrales de decenas de países terminan ajustándose a ella, muchas veces sin que el gran público se entere del proceso.
Esa falta de exposición mediática es, paradójicamente, lo que le da más poder. Mientras leyes como la CLARITY Act generan titulares, debates partidistas y presión de lobbies, las decisiones del BIS avanzan con menos ruido pero con un alcance mucho más amplio: afectan a la banca de forma global, no solo a la jurisdicción estadounidense.
El origen del ratio de riesgo del 1250%
Desde hace varios años, el marco prudencial de Basilea clasifica los criptoactivos en distintos grupos según su nivel de riesgo. Los activos que no cumplen ciertos criterios de estabilidad y respaldo —entre ellos, activos como bitcoin en formato spot— quedan sujetos a una ponderación de riesgo extremadamente elevada: un banco necesita mantener capital de respaldo equivalente al 1250% de la exposición.
En la práctica, esto significa que por cada dólar que un banco quisiera destinar a mantener una criptomoneda en su balance para operar sobre una blockchain pública —ya sea para pagar comisiones de red, validar transacciones o desplegar productos tokenizados—, tendría que reservar una cantidad de capital muy superior a la que reservaría por casi cualquier otro tipo de activo. Ese nivel de exigencia hace que, para la mayoría de entidades, resulte inviable operar directamente con criptoactivos en su balance.
La carta que pidió rebajar el ratio de riesgo
El año pasado, un grupo de instituciones financieras presentó formalmente una solicitud al Banco de Pagos Internacionales para que revisara ese 1250%. El argumento central era que no todas las criptomonedas presentan el mismo perfil de riesgo: algunas cuentan con suficiente profundidad de mercado, liquidez y historial de negociación como para no merecer el mismo trato que un activo altamente especulativo de capitalización mínima.
Entre los activos mencionados en esa solicitud figuraban bitcoin, ethereum, XRP y solana, además de dogecoin. La petición no buscaba eliminar el requisito de capital, sino escalonarlo: reducir la ponderación de riesgo hasta niveles cercanos al 56% para los activos que demuestren mayor madurez de mercado, en lugar de aplicar el mismo criterio punitivo a todo el sector de forma indiscriminada.
Un año de revisión y la próxima cita clave
Desde que se presentó esa carta ha pasado más de un año, y el Comité de Basilea ha ido tratando el asunto en distintas reuniones sin cerrar todavía una postura definitiva. El 25 de febrero de este año, el comité ya revisó los desarrollos recientes del mercado y avanzó en la revisión específica del estándar de criptoactivos, aunque sin publicar cambios concluyentes.
La próxima fecha relevante se sitúa entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, cuando el comité celebrará una conferencia internacional de supervisión en Indonesia, con la participación del banco central de ese país y de otros bancos centrales. Dado el tiempo transcurrido desde la solicitud original, existe la expectativa de mercado de que en ese encuentro puedan perfilarse criterios más claros sobre cómo clasificar a las distintas criptomonedas según su madurez, aunque conviene subrayar que se trata de una expectativa y no de un hecho consumado.
La convergencia con la CLARITY Act y el problema de la liquidez
Este proceso del BIS no ocurre en el vacío. Coincide en el tiempo con el recorrido legislativo de la CLARITY Act en Estados Unidos, cuya votación de finalización del debate (cloture) quedó fijada para el 15 de septiembre. Para avanzar esa fase se necesitan tres quintas partes del Senado, es decir, 60 votos; superado ese umbral, la aprobación final solo requeriría mayoría simple.
Ambos procesos —uno legislativo y visible, otro regulatorio y discreto— responden en el fondo a una misma tensión: la falta de velocidad del dinero en el sistema financiero actual. Aumentar la capitalización bursátil no requiere que entre todo el capital disponible en el mercado; basta con inyectar cantidades relevantes en momentos concretos para mover los precios. Pero cuando existen problemas de liquidez de fondo —tensiones geopolíticas, presión sobre el carry trade del yen o dificultades en el mercado laboral estadounidense—, la solución no puede limitarse a imprimir más dinero, porque eso erosiona el poder adquisitivo de la mayoría de la población.
La alternativa que se está explorando en paralelo, tanto en la CLARITY Act como en los marcos que revisa el BIS, pasa por dotar a ese dinero de mayor velocidad de circulación mediante blockchain, monedas estables y tokenización, de forma que las llamadas a margen y los distintos colaterales puedan atenderse con mayor agilidad.
Por qué la banca comunitaria se resiste
Uno de los obstáculos más comentados en el recorrido de la CLARITY Act proviene, precisamente, de bancos pequeños y locales en Estados Unidos. Estas entidades argumentan que la redacción actual de la ley, en lo relativo al rendimiento de las stablecoins, podría erosionar buena parte de su modelo de negocio tradicional.
Su estrategia no ha sido tanto técnica como relacional: aprovechar la cercanía personal que estos banqueros locales mantienen con sus senadores para presionar en contra de determinadas cláusulas o exigir modificaciones. Es un recordatorio de que, incluso en un proceso regulatorio de alcance global como el que impulsa el BIS, las dinámicas locales y los intereses particulares siguen desempeñando un papel decisivo en la velocidad —y en el resultado final— de cualquier marco normativo.
Qué significa esto para la adopción institucional
Más allá del resultado concreto de cada votación o de cada consulta, la tendencia de fondo resulta difícil de discutir: las criptomonedas han dejado de estar fuera del radar de las grandes instituciones financieras. Ejecutivos del sector han señalado públicamente que la estrategia por defecto para cualquier gestor de carteras ya no es evitar la exposición a criptoactivos, sino justificar por qué no se tiene ninguna..
Esto no implica que el proceso vaya a ser lineal ni rápido. El propio recorrido del ratio de riesgo del BIS —más de un año desde la solicitud inicial hasta la próxima cita en Indonesia— muestra que estos cambios regulatorios avanzan con calendarios largos y sujetos a múltiples factores geopolíticos y sectoriales. Pero cada paso, por pequeño que parezca, va reduciendo las barreras de capital que hoy dificultan que la banca tradicional opere con criptoactivos de forma directa.
Aspectos clave a vigilar en los próximos meses
- 15 de septiembre: votación de cloture de la CLARITY Act en el Senado de EE.UU.
- 30 de septiembre – 1 de octubre: conferencia internacional de supervisión del Comité de Basilea en Indonesia.
- Posible recalibración del ratio de riesgo del 1250% para criptoactivos con mayor madurez de mercado.
- Entrada en vigor escalonada: si la CLARITY Act avanza, se prevé un plazo de 30 días para que el sistema financiero se adapte, lo que da margen a bancos comerciales y centrales para ajustar sus procesos internos.
Conclusión
El Banco de Pagos Internacionales rara vez ocupa titulares, pero su influencia sobre cómo la banca mundial puede —o no puede— exponerse a las criptomonedas es, en muchos sentidos, más determinante que cualquier ley nacional. Mientras la CLARITY Act acapara la atención mediática en Estados Unidos, el verdadero cuello de botella para la adopción bancaria masiva de criptoactivos podría estar decidiéndose en las salas de reunión del Comité de Basilea. Seguir de cerca ambos procesos en paralelo —el legislativo y el regulatorio— ofrece una imagen mucho más completa de hacia dónde se dirige realmente la integración de las criptomonedas en el sistema financiero tradicional.
Este contenido tiene fines informativos y educativos, y no constituye asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas y en mercados financieros implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Realiza siempre tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.
